domingo 18 de marzo de 2012

Destinan Q259.6 millones para limpieza de drenajes y bacheo


bacheo


Guatemala, Marzo 16 del 2012 (Silvia Chután G./AGN).- El Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda (CIV) desembolsará Q259.6 millones para trabajos de limpieza de drenajes y bacheo, los cuales fueron adjudicados a 242 empresas como parte del plan de recuperación vial que impulsa el Ejecutivo.



La inversión representa el 33.5% del presupuesto de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), para el período correspondiente a 2012, equivalente a Q773.3 millones.

Los proyectos de limpieza de drenajes y bacheo, ofertados hace más de un mes a través del portal Guatecompras, se realizarán en 990 puntos, de los cuales algunos se supone iniciaron esta semana.

El CIV adjudicó las obras a 242 empresas ofertantes, de las cuales 176 trabajarán en limpieza de vías, cunetas y estructuras de drenajes, así como 66 que se dedicarán al bacheo.

La limpieza se llevará a cabo en 569 tramos carreteros de diferentes longitudes, en su mayoría ubicados en: El Progreso, Zacapa, Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Izabal, Petén, Alta Verapaz, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá.

Otros puntos importantes se hallan ubicados en Escuintla, desde Palín, hasta el desvío para la ruta CA-02 Occidente; de Masagua hacia el Puerto de San José; de la bifurcación de Masagua hacia Puerto Quetzal y del kilómetro 152 hacia Tecojate.

En tanto, el bacheo será efectuado en 421 tramos de las diferentes carreteras del país, siendo los más largos en Petén, Alta Verapaz, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quiché, Huehuetenango, San Marcos y Escuintla.

Adjudicación exprés

El promedio de tiempo para analizar las ofertas de las empresas fue de entre 10 y 12 días, desde su publicación en el portal Guatecompras hasta su adjudicación para su contratación.

De acuerdo con el director de Covial, Rodrigo Díaz Arreola, a los trabajos de bacheo y limpieza deben sumarse las adjudicaciones para el mantenimiento de puentes, señalización vertical y horizontal, sellos de grietas y defensas metálicas para la red vial, para lo que se destinarán aproximadamente Q221 millones.

La contratación de las empresas se realizó a través del fideicomiso del Fondo Vial del Ministerio de Comunicaciones; para los proyectos de limpieza se hizo la publicación de las bases del concurso en el portal Guatecompras, el 13 de febrero, y fueron seleccionados de entre 488 propuestas entre el 22 y 24 del mismo mes.

En tanto, las bases del concurso para los trabajos de bacheo se presentaron el 3 de febrero y se seleccionaron el 15 y 16.

Deben ser fiscalizados

El analista Pablo Urrutia, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que la medida tomada por las autoridades del CIV, de no generar nuevos proyectos sino cumplir con lo que ya se había presupuestado, se apega a las actuales necesidades presupuestarias del Estado.

Urrutia explica que las autoridades deben fiscalizar y evaluar a las empresas que están siendo contratadas para la ejecución de obras públicas, para elegir a las que cumplan con los requerimientos y estándares contemplados en los contratos.

“El CIV debe tener la capacidad de fiscalización y para penalizar a las empresas que no cumplan con los requerimientos de un contrato, para que sean sancionadas y descartadas de proyectos gubernamentales”, afirma el profesional.

El acompañamiento y observación de otros organismos, tal como la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso de la República, es otra alternativa para que se puedan ejecutar los proyectos con transparencia y calidad de obra, concluye Urrutia.

martes 13 de marzo de 2012

Otto Pérez busca retomar iniciativa de ley que modifica mayoría de edad para ser juzgado

detenido
Guatemala, Marzo del 2012 (DouglasGámez/AGN).- Retomar la iniciativa de Ley que modifica el Código Civil, en el artículo 8 que establece la mayoría de edad o la presentación de una nueva propuesta que permita juzgar a los adolescentes, dependiendo de la gravedad del delito que cometan, son las dos propuestas que analiza el presidente Otto Pérez Molina para evitar la muerte de niños víctimas del acoso y abuso mejor conocido como Buylling.

El mandatario explicó a la agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), que busca coordinar con el Congreso de la República, para que se retome la iniciativa de Ley 3189 que se enfoca en Prevenir, Controlar y Erradicar las Pandillas Juveniles y Agrupaciones Ilícitas y de Delincuencia Organizada, proyecto que fue presentado por el propio presidente cuando se desempeñó como diputado en 2005. La postura del jefe del Ejecutivo, surge luego del abuso cometido contra Carlos Sosa, un niño de 11 años originario de Huehuetenango quien falleció luego dehaber sido abusado por dos adolescentes que le introdujeron en su cuerpo una manguera de aire comprimido, destruyéndole los intentitos que le provocaron la muerte.

El cambio

La iniciativa referida por Pérez Molina modificaría el artículo 8 del Código Civil que determina que las personas mayores deedad son las que cumplen 18, esta reforma contempla que los niños que cumplieron 12 años, son considerados adultos para efectos de imputabilidad (capacidad del humano para entender que su conducta afecta a sus semejantes).
El objetivo dela Iniciativa, según el presidente, no es reducir la cantidad de años para ser considerado adulto, sino facilitar a las autoridades judiciales emitir condenas dependiendo de la gravedad del delito y compresión del menor de edad del daño ocasionado, en su oportunidad el proyecto buscaba evitar el uso de niños y adolescentes por pandillas para cometer asesinatos.
“Nosotrosvamos hablar y coordinar con ellos, (los diputados) para ver si la iniciativa que presentamospuede ser abordada; o quizá haya otra que pudiera lograr este enfoque: que laspersonas sean juzgados de acuerdo al delito y no precisamente por la edad”, dijo Pérez Molina.
El reporte más reciente del ministerio de Salud Púbica hace ver que 7,317 casos en contra de niños fueron por Agresiones Físicas mientras que 5,315 fueron casos contra menores por negligencia de sus progenitores. Solo en 2010 ambos casos sumaron 12,632 mientras que en 2011 la cifra es de 11,230.
Viabilidad legal
Pese a las estadísticas, la disposición de juzgar alos menores de acuerdo al delito, ha sido contrariada por defensores de derechos humanos y abogados, quienes consideran que se violenta viola el artículo 20 de la Constitución, que determina la inimputabilidad (incapacidadpara comprender un ilícito) a los menores de edad.
Aún así, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, asegura que es viable la propuesta del presidente Pérez Molina y refiere que la Constitución no define la mayoría de edad, (no refiere número de años) la legislación encargada de la determinación es el Código Civil, y esta reforma la pueden realizar los congresistas.
A pesar de la viabilidad legal, algunas opiniones contrarias resurgen, considerando este tipo de iniciativas como el incumplimiento del decreto 27-2003 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que determina que la privación de libertad de un menor de edad es excepcional, aplicable en los delitos contra la vida, libertadsexual, individual, robo agravado y tráfico de estupefacientes, la prisióntendrá una duración de seis años como máximo para adolescentes entre 15 y 18,los menores de ese lapso cumplirán dos.
En algunos delos delitos mencionados contemplan penas de prisión para adultos, entre losseis, doce, quince, cuarenta y hasta la máxima sanción de 50 años según el Código Penal.
Prevención vrs reacción
El especialista en temas de la niñez, Noé Alejandro Erazo, explica que la reducción de la cantidad de años para recibir penas como adultos, es una medida que no soluciona el problema de fondo, asimismo recomienda en caso de aplicar penas que conllevan prisión en adolescentes fortalecer el sistema de rehabilitación, impulsado la reinserción social y espiritual de los victimarios.
Además enfatiza que es necesario aplicar medidas preventivas sobre reactivas, el abuso y violencia entre adolescentes demuestra la falta de aplicación de programas educativos, convirtiéndose en un desembolso monetario más costoso con procesos judiciales y reparación de los daños ocasionados.
“Es como la enfermedad si un Estado invierte Q1 millón en una vacuna, se va ahorrar muchodinero, pero si no invierte primero en una vacuna luego tendrá que gastar Q 10millones en atender el problema”, ejemplifica Erazo, quien añadió que la importancia de impulsar leyes preventivas y aplicación de la Protección Integral de la niñez, genera un ambiente deoportunidades y cumplimiento de los derechos básicos, que permitan el desarrollo de los menores de edad.
Después de la muerte del niño de Huehuetenango, los supuestos responsables de 15 y 16 añosde edad se entregaron a la justicia, iniciando un proceso para esclarecer el hecho y deducir responsabilidades.